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Debate

1879 – 1979: Genocidio indígena, historiografía y dictadura

Julio Esteban Vezub

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1A la luz de las intervenciones repetidas en la prensa de los últimos días, se me ocurre que se detectan al menos dos debates dentro del debate sobre “genocidio indígena”. Se trata de identificarlos con la mayor nitidez, a los fines de deslindar derivas y motivaciones que no son inherentes a la discusión propiamente histórica, aunque sí a las formas actuales de valoración del pasado, como ser los posicionamientos respecto del gobierno nacional y los relatos que se movilizan por parte de oficialistas y opositores. Para caracterizar el campo es imprescindible historiar las discusiones, seguir su articulación en el tiempo e indagar en qué con-textos se realzan o adquieren relevancia pública. Básicamente, por delante de la adecuación de la categoría “genocidio” a determinados procesos y acontecimientos, hay un conflicto primario relativo a la verificación o no de crímenes masivos durante el proceso de formación del Estado nacional y el capitalismo, los niveles de legitimidad, justificación y tolerancia hacia el pasado traumático, su condición inexorable o necesaria y, recién entonces, el uso emblemático de los olvidos, las memorias y las representaciones para intervenir ideológicamente en los conflictos presentes. Con excepciones filosóficas en un debate empobrecido por propagandistas, el uso o el rechazo de la categoría “genocidio” es subsidiario de la valoración y gravedad que se atribuyen a hechos mayormente constatados, incluso a desgano. Por ello la discusión es otra: ¿hubo o no crímenes masivos y exterminio de poblaciones en el proceso expansivo del Estado argentino?

2La metodología historiográfica es eficaz para distinguir los niveles del debate, caracterizar el juego de fuerzas y los conflictos que lo delimitan. Vale decir, historiar las circunstancias y el recorrido que configuran la discusión. (Cuando digo “historiografía” el ejercicio incluye la “antropología”). Desde el exilio en México, David Viñas (1982) dio productividad a sus fuentes al preguntarse si “los indios fueron los desaparecidos de 1879”, trazando un paralelo con la dictadura, perspectiva que fue cuestionada por la simpleza de la comparación (Mases 2002, p.15).

3Pero Viñas sabía con quiénes se enfrentaba: las fuerzas armadas pensaron las prácticas que acompañaron la expansión socio—territorial del siglo XIX como el hito fundacional del mismo devenir que ellas clausuraban a fines del XX. Antes del golpe de 1976, la publicación Política seguida con el aborigen, a cargo de la Dirección de Estudios Históricos del Comando en Jefe del Ejército (1974), describía las tácticas de “combate irregular” indígena sistematizando en realidad otra cosa, acumulando enseñanzas para la “guerra sucia” contra las organizaciones revolucionarias. Fue la celebración del centenario de la ocupación de la línea del río Negro en 1979, sintetizada como “Campaña del Desierto”, la que puso en serie los dos acontecimientos represivos como parte de un mismo proceso de (re)organización nacional. El “Plan Cultural” de la junta militar le dio rol estratégico al “Congreso Nacional de Historia sobre la Conquista del Desierto”, realizado en General Roca ese mismo año, igual que a los partes de campaña, memorias e historias laudatorias que se editaban a través de Eudeba, sello que estaba intervenido como toda la universidad (Invernizzi 2005). Estas operaciones son conocidas, aun-que no se ha reflexionado lo suficiente sobre su efecto en la homologación de experiencias traumáticas diferentes y temporalmente distantes. Las imágenes especulares entre 1879 y 1979 todavía pautan una porción importante de las interpretaciones sobre las masacres del último cuarto del siglo XIX.

4Con el advenimiento de la democracia perduró una visión resignada y al mismo tiempo superflua sobre el crisol de razas, principalmente desde la historia social argentina, conforme a la cual las campañas militares habrían resuelto la “cuestión indígena” a favor del transplante y la homogeneización de población, acelerando la extinción. Aunque las especializaciones no fueron rígidas en la división de planteamientos, la antropología sociocultural fue contradiciendo dicho corolario histórico, seguramente por la mayor interlocución con los protagonistas del activismo étnico que se fortaleció a partir de los noventa. Probablemente, la vitalidad de la militancia indígena e indigenista explique algo del revanchismo clasista y la urgencia del tema para la mayoría de los que niegan el genocidio desde La Nación.

5Parte de la dificultad para ahondar los contenidos tiene que ver con que el debate se desarrolla principalmente según las reglas de la prensa. Incluso cuando las voces académicas asumen la responsabilidad de manifestarse lo hacen con las constricciones del género, pensando más en los efectos políticos y sus posibles lecturas que en la teoría y los estudios de caso que sostienen cada argumento. La negación del genocidio y la valoración positiva del orden conservador, incluidas sus consecuencias para los indígenas, tuvieron base en corporaciones como la Academia Argentina de la Historia, mayoritariamente al margen de las universidades y los organismos estatales de ciencia y técnica. En 2004 Juan José Cresto instalaba la polémica, en su doble condición de director de esa asociación y del Museo Histórico Nacional, del que sería reemplazado a poco de sus dichos. Cresto cargaba contra “el mito del genocidio” que “oculta reivindicaciones territoriales”, volviendo sobre el impresionismo de malones y cautivas laceradas en las plantas de los pies. Utilizando el correo de lectores de La Nación, Pedro Navarro Floria lo refutó expeditivamente, discutiendo las afirmaciones más endebles sobre la carencia de documentación probatoria y aquellas según las cuales la “[…] pampa agreste estaba totalmente desierta, con algunos bolsones de pobladores aislados”.

6También desde la prensa José Emilio Burucúa sostuvo criterios que considera técnicos, partiendo de la definición de genocidio de Lemkin, recogida por las Naciones Unidas en 1948. Según Burucúa la definición es muy precisa, aunque a continuación la ensancha para incluir casos que no quedan contenidos dentro de la definición original, como “[…] la dimensión política para comprender también el genocidio camboyano”. Para Burucúa el rasgo que define jurídicamente a la dictadura de 1976 como genocidio es “lo que se hizo con los niños, la sus-tracción de bebés”, requisito que no alcanzaría para caracterizar así “el caso de Roca”, donde la clave es comprobar la intencionalidad explícita del exterminio, su condición “actuada y planificada”:

…está circulando una frase que se le atribuye, que habla del exterminio de un pueblo una cultura, una raza. Pero es apócrifa. No hay un investigador que diga que se pronunció. Roca va al Congreso y habla de sus intenciones, habla de llevar la civilización a los indígenas, pero no parece que fuera una matanza programada para hacer desaparecer un pueblo. Es muy discutible que sea un genocidio (Moledo y Jawtuschenko 2009).

  • 1 Hobsbawm se pronunció sobre la negación del genocidio nazi por parte de Irving: “…si faltan las pru (...)
  • 2 Julio Argentino Roca, “Discurso ante el Congreso al asumir la presidencia”, 12 de octubre de 1880. (...)

7En la línea de Hobsbawm cuando se pronunció sobre el juicio “Irving contra Lipstadt”1, Burucúa considera que para definirlo como tal se debería corroborar que el genocidio se ejecutó siguiendo órdenes documentadas, limitando el valor de los discursos de Roca como prueba, aunque éstos hablen de “operaciones militares” y el mandato de liberar “[…] totalmente esos vastos y fértiles territorios de sus enemigos tradicionales, que desde la conquista fueron un dique al desenvolvimiento de nuestra riqueza pastoril”2. Más adelante volveré sobre cuán sistemáticas y planificadas fueron las órdenes de Estado de 1880. Pero el positivismo del registro está en la base de su desconcierto, ante la dificultad de narrar una masacre y encontrarle las causas. Si las pruebas son una cuestión jurídica que excede la labor del historiador, será fructífero pensar la trama histórica que hizo posible cada matanza, independientemente del rótulo que se le ponga o las fuentes que respalden que había sido ordenada.

8Un trabajo anticipaba a fines de la década de 1990 el problema de la voluntad política, aunque la discusión no se orientaba todavía en términos de “genocidio”. Se trata de la investigación de Mónica Quijada, quien a propósito de las condiciones de la “conversión de los indios en ciudadanos”, cuestionaba la “percepción generalizada” sobre el “exterminio de los nativos” y su “práctica desaparición física”, ubicando en el último cuarto del siglo XIX

…la existencia de una política de concesión de tierras y la puesta en marcha de una serie de iniciativas destinadas a la integración de un colectivo que, lejos de haber desaparecido como saldo de la campaña militar, fue el objeto de preocupaciones oficiales y oficiosas destinadas a definir el lugar que los aborígenes vencidos debían ocupar en la nacionalidad que se estaba construyendo (1999, p. 676-677).

9Algo que nadie discutió en esa época según Quijada, fue la necesidad de la desaparición de “[…] aquellos grupos humanos que no compartían las supuestas premisas de la ‘vida civilizada’”. Se pregunta “[…] cuáles eran los mecanismos y los límites que daban contenido específico a esa exclusión”, respondiéndose que la aceleración de la extinción física no parece haber sido la idea favorecida en comparación con las perspectivas de asimilación (1999, p.688-689). Estos matices se expresaron en funcionarios como Álvaro Barros, primer gobernador de la Patagonia. A diferencia de Quijada, entiendo que se debe indagar el modo en que las expectativas gradualistas incluyeron determinaciones biopolíticas, por más que la sobrevivencia de la mayoría de los indígenas sea el resultado que se constata. Tanto la tendencia a la aniquilación como la transformación cultural convivieron en el pensamiento y las prácticas del staff de Roca. La frase en el parlamento, “…no cruza un solo indio por las extensas pampas”, significa ambas cosas.

10Aparece aquí uno de los primeros corolarios de esta síntesis historiográfica: las masacres se deberían estudiar descentrándolas de Roca e incluso de sus lugartenientes.

11Quizás el aporte imprevisto de Mariano Grondona, que abre la seguidilla de artículos en la prensa de octubre de 2011, sea recordar que además de Roca se debe discutir a Sarmiento para comprender la violencia republicana. Pero no lo digo en pos de un revisionismo redivivo sino para focalizar el análisis más allá de las élites, en las relaciones entre éstas y las bases sociales que materializaron las masacres, y donde se materializaron las masacres.

12Para banalizarlas, Grondona se respalda en la autoridad de estudioso de Luis Alberto Romero y en la ficción de Félix Luna, quien sólo le dedica a las campañas 13 páginas de un total de 490, impostando la voz de un Roca que

“recuerda” su conducción de las operaciones de traslado de la frontera al río Negro como “[…] una alegre cabal-gata de buenos camaradas bajo el tibio sol otoñal de la Patagonia”, experiencia que según este “Roca anciano” nada tendría de épica, porque el esfuerzo bélico ya es-taba hecho de las décadas anteriores (Luna 1991, p.146).

13Hay tensión entre esta empatía imaginada y los números de muertos y prisioneros que consigna Luna, basándose en las memorias del ministerio de Guerra y Marina. Pero este y otros datos sintomáticos no le impiden a Grondona “desenmascarar esta falacia” del genocidio para aniquilar a los “pueblos originarios”. Grondona insiste con los tópicos desvencijados del “flagelo del malón” y los mapuches “invasores”, “araucanos que provenían de Chile”, ignorando más de veinte años de cambio de paradigma histórico y antropológico, además de un dato muy elemental, que la historia que se discute es también la de regiones como el Chaco, donde mapuches y tehuelches tuvieron escasa injerencia, salvo su movilización como tropa represiva a partir de la segunda mitad de la década de 1880.

14Si la ligereza metodológica es un desliz a concederle a Grondona, se puede exigir más de Romero, a quien no se le conocen investigaciones particularizadas sobre estos temas pero es idóneo en los procederes del “oficio del historiador” que reclama. De hecho evita cualquier consideración sobre mapuches extranjeros o malones devastadores. En su intervención del 5 de octubre se muestra con todo vigor cómo la historia sociopolítica argentina margina las relaciones y los conflictos con los indígenas de la parte principal del relato liberal-republicano. Pero el fantasma que acosa a Romero es el de un Kirchner totalitario, no el de Calfucurá ni Roca. Me concentro entonces en la médula del argumento histórico:

15Roca fue un militar profesional que guerreó para construir el Estado nacional […] derrotó a los imperios aborígenes del Sur y definió las fronteras argentinas, ocupando un territorio que por entonces también pretendían los chilenos. No hay nada de excepcional en esta historia, similar a la de cualquier otro Estado nacional construido con los métodos que por entonces eran considerados normales. Los nacionalistas integrales, quienes consideran esencialmente ‘argentino’ cada fragmento del territorio —no es mi caso—, deben admitir que Roca contribuyó a una soberanía que creen legítima. En cuanto a los pueblos originarios, cierta-mente hoy no aprobaríamos la manera como los trató Roca, y la conducta del gobernador Insfrán nos parece detestable.

16Pero si se trata de leer el pasado desde el presente, deberíamos condenar también la manera en que, a lo largo de siglos, algunos ‘pueblos originarios’ —por ejemplo, los aztecas o los incas— trataron a otros. Al menos, Roca no hacía sacrificios rituales con los prisioneros.

17Después de una primera oración atinada siguen los deslices (“imperios aborígenes”), generalmente sugeridos como razonamientos de otros (“los nacionalistas integrales”, “si se trata de leer el pasado desde el presente”, etc.) y la desaprensión (“la manera como los trató Roca”). Para Romero se trata apenas de la repetición de casos parecidos o mundiales, lo que clausura su interés y singularidad. Pienso en cambio que no alcanza con invocar el “contexto de época”, aplanando procesos históricos. De manera exhaustiva, el análisis contextual también debería aplicarse a lo detestable del presente. Precisamente, es el contexto global del colonialismo republicano y el liberalismo europeo el que no sale indemne del balance. Basta advertir la condición ritual de los cueros cabelludos y cerebros que se exhibían en los museos del mundo para entender que el de La Plata no era una excepción, aunque Roca no practicara sacrificios con los prisioneros.

18Entre las posiciones que trivializan la discusión la más astuta es la de Martín Caparrós, que se hace fuerte en las debilidades del indigenismo moralizante, la veneración por lo ecológico y los atavismos, la historicidad endeble, el multiculturalismo que oblitera las diferencias de clase y ensalza la autenticidad primordial, etc. Desde el cinismo, quizá su acierto sea señalar que la categoría misma de “pueblos originarios” acusa síntomas de crisis. Pero el indigenismo intelectual que construye no pasa de la caricatura, se esboza en la subestimación de cuestiones tan evidentes como que portar un apellido indígena era un emplazamiento muy serio dentro de las clasificaciones de raza y clase hasta ayer nomás, sin hablar de la subalternidad que hoy perdura, por más que ser indígena le parezca un clientelismo conveniente. (“Si yo fuera pobre y argentino intentaría ser originario”). Todo ello sin superar la hipocresía de la inclusión nacional-ciudadana defendida por Cresto: “No digo que los ‘originarios’ no tengan tanto derecho como cualquiera a una vida digna”, concluye Caparrós para dar por terminado el análisis de los modos históricos de producción de las diferencias.

19Del otro lado está la “Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena”. Muchos de sus integrantes también participan del “Grupo de Estudios en Aboriginalidad, Provincias y Nación” (GEAPRONA). No me explayaré sobre sus posicionamientos porque algunos de sus referentes lo harán por sí mismos en este debate de Corpus. Solamente quisiera señalar el salto producido por Walter Delrio, Diego Escolar y Diana Lenton, entre otros que integran o integraron estos equipos, en materia de estudios sobre las dinámicas de exterminio, desplazamiento forzado y reparto de mujeres y niños. Para ello ingresaron en archivos vedados como el de la Armada, donde Papazian y Nagy (2010) desentrañan el funcionamiento del campo de concentración de la isla Martín García. También en el caso de Escolar, que rea-liza una verdadera arqueología de las estancias mendo-cinas donde contingentes familiares patagónicos eran reducidos a la servidumbre. Además, los investigadores que conforman la red ampliaron las pesquisas a otras regiones como el Chaco, extendiendo la variable temporal hasta las matanzas del siglo XX, durante las presidencias de Alvear y Perón (Mapelman y Musante 2010).

20Mencioné que la problemática genocida ha sido en lo fundamental un asunto de antropólogos y solo subsidiariamente de historiadores. Aunque estas preocupaciones se desarrollaron tempranamente en estudios como los de Enrique Mases sobre la “cuestión indígena”, más atentos al tipo de solución que el Estado y las élites le encontraron al problema que a las políticas y reacciones de los indígenas. Estas búsquedas fueron solidarias del curso más general de la historiografía de las últimas décadas, hacia el conocimiento complejo de la sociedad indígena y no solamente de ésta, también del Estado, desdibujan-do el “malón” como institución central de la economía del siglo XIX, describiendo las redes indígenas y criollas, las vinculaciones entre tolderías, ranchos, fortines y estancias, la complejidad de los mercados fronterizos, etc. No es el lugar para citar bibliografía, seguramente cometeré omisiones mencionando los textos emblemáticos que dialogan o se alimentan recíprocamente con la antropología desde el campo de la historia indígena.

21Dicha red de estudios sobre genocidio aportó una edición para un público amplio, dirigida por Osvaldo Bayer (2010), que resume los resultados de varias investigaciones y promueve el diálogo entre las perspectivas académicas y militantes. Dentro de la misma, la “cruel-dad” se insinúa como la pauta explicativa de la historia argentina, sin que esta valoración se despliegue ni se justifique en la obra, donde tampoco se precisan los ciclos ni el período del genocidio de los pueblos originarios del actual territorio argentino. Este aparece como un largo devenir inconcluso, perpetrado por un Estado-Leviatán plenamente racional, relativamente siempre igual a sí mismo. La despolitización de las víctimas y su representación son el efecto inesperado, acompaña-do por una percepción del “Estado genocida” que planifica sistemáticamente sus políticas de exterminio hacia 1880, lo que supone que éste estaba dado ex ante su con-figuración histórica. Esta crítica no significa desdeñar la observación de rutinas, regularidades, redes represivas y campos de concentración, diseños, organizaciones, burocracias e ideologías criminales. Tampoco que la planificación estaba presente sobre todo en los planes, valga la redundancia, antes que en las posibilidades de implementarla a rajatabla. Más aún, habría que atender a la anarquía represiva, concretada por aparatos en formación que dependían para funcionar de la misma base social a la que castigaban.

22Antes que la “historia oficial” y los libros de Eudeba de los años setenta, que agotados en su eficacia deslizan pistas sobre las masacres, pienso que el conflicto principal es con la historiografía liberal-progresista post-dictadura, la que generalmente no se pronuncia sobre estos temas, preocupada por no esmerilar la valoración modernista del orden conservador. De los “historiadores oficiales” también se queja Romero.

  • 3 Chalk y Jonassohn (2010, p. 30-34) consignan que el “genocidio” se definió en las Naciones Unidas c (...)

23Ofrece pocas ventajas retrotraer al siglo anterior una categoría construida para pensar los exterminios de masas del siglo XX, por más que las condiciones que la categoría sistematiza sean preexistentes, más aún cuando sus premisas son en lo fundamental jurídicas y políticas antes que históricas,3 si se considera además que la escala del Holocausto europeo lo desborda todo. Por ello resulta difícil ajustar cada historia a las tipologías de los genocidios modernos. Porque al ensanchar una categoría para que quepa todo siempre falta una dosis de algo, o los requisitos entran en contradicción. Por ejemplo, el “genocidio constituyente” que define Feierstein “[…] requiere del aniquilamiento de todas aquellas fracciones excluidas del pacto estatal” (2007, p.99), pacto que era integrado en medida muy considerable por las jefaturas indígenas del sur, que lo siguieron integrando incluso después de las masacres, obviamente en condiciones muy desmejoradas de subalternidad.

  • 4 Véase el reportaje a Diana Lenton (Aranda 2011).

24Respecto de los límites temporales, la caracterización como genocida del Estado actual lo acerca sin quererlo al totalitarismo kirchnerista que dictamina Romero. Con ingenuidad, se pasa de la concentración de la responsabilidad en Roca a la dilución de las responsabilidades dentro de una “sociedad genocida” que es vista como un bloque con aristas nítidas, separada de la indígena.4 Por ello es importante estudiar no solamente las víctimas sino también los victimarios, en todos los niveles, desde los ideólogos hasta los operadores represivos de base. Esto plantea Saul Friedländer (2007) sobre el Holocausto, cuya historia no se hace solamente con la historia de los judíos, los alemanes o los nazis. Este señalamiento sobre la necesidad de desgastar la dimensión racial del análisis permite advertir que ni las víctimas ni los victimarios se pueden representar como una totalidad. Además, que el Estado articula intereses de aquellos que se identifican como pueblos originarios, junto con los intereses de clase. (No solamente el actual “gobierno”, porque prima una confusión entre éste y el “Estado”).

  • 5 Me remito a los planteamientos de Escolar (2011) y Bascopé (2009).

25Por sobre las categorías encuentro productivo describir densamente la textura histórica de la violencia colonial (y republicana) que se ejerce sobre los sectores populares, subalternos y en proceso de subalternización, de carácter diverso. Biopoder que el Estado compartió con las clases propietarias, iglesias y científicos dentro del proceso de fundación de una burguesía. En los campos de concentración de 1880 se produce socialmente la fuerza coactiva del Estado, las fuerzas armadas, con su materia prima de reclutamiento forzoso y privilegiado, los “indios”. Para conocer este proceso a fondo hacen falta programas de estudio que superen el paradigma de las “áreas culturales” y las pujas de la “autenticidad”,5 que miren dentro y fuera del campo de concentración atendiendo no solamente al numeroso insumo indígena, sino también al complejo universo de prisioneros y carceleros.

26Estas reflexiones no enfrentan, sino acompañan, lo que Horacio González denomina una idea de inclusión social que reconsidere la diversidad cultural y guíe justicieramente un sistema de reparaciones a cargo del Estado nacional, antes que una “[…] revisión radical de todo el ciclo histórico de las naciones surgidas de las independencias americanas”. Veo muy justificada la propuesta de intervenir culturalmente los monumentos de Roca, mandarlos a la estancia familiar y reemplazar los billetes. Porque las naciones tienen derecho a discutir y actualizar cuáles son los referentes en que quieren respaldarse, qué retratos circulan por las manos de sus ciudadanos y habitantes. Ello sin olvidar que durante el proceso formativo del Estado nacional hubo crímenes, cerrando así el ciclo de la historiografía de la dictadura cívico-militar. Pienso por último que la relación entre el conocimiento histórico y la denuncia no debe darse por sentada, que si en algo se parecen el historiador y el juez es en la metodología con que afrontan el proceso de instrucción o la pericia, más que en la sentencia. Descreo de los “motores de denuncia”, me esfuerzo por conocer y comprender lo que sucedió, trasmitirlo responsable-mente, antes que obtener resultados administrables para las luchas sociales y políticas, incluso cuando participo o me solidarizo con ellas.

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Bibliografía

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Notas

1 Hobsbawm se pronunció sobre la negación del genocidio nazi por parte de Irving: “…si faltan las pruebas o si los datos son escasos, contradictorios o sospechosos, es imposible desmentir una hipótesis, por improbable que sea. Las pruebas pueden mostrar de manera concluyente, contra quienes lo niegan, que el genocidio nazi realmente tuvo lugar, pero aunque ningún historiador serio dude de que la ‘solución final’ fue querida por Hitler, no podemos demostrar que verdaderamente él haya dado una orden específica en ese sentido. Dado el modo de actuar de Hitler, una orden escrita semejante es improbable y no fue encontrada. Por lo tanto, si desbaratar la tesis de M. Faurisson no resulta difícil, no podemos, sin elaborados argumentos, rechazar la tesis enunciada por David Irving” (Hobsbawm 2000, resaltado en el original).

2 Julio Argentino Roca, “Discurso ante el Congreso al asumir la presidencia”, 12 de octubre de 1880. Publicado en Halperín Donghi (2007, apéndice, 487-491).

3 Chalk y Jonassohn (2010, p. 30-34) consignan que el “genocidio” se definió en las Naciones Unidas con muchas restricciones, como la exclusión de los “grupos políticos” del detalle posible de víctimas, en virtud de las presiones del bloque soviético y el interés prioritario de las grandes potencias de condenar a los derrotados de la Segunda Guerra Mundial.

4 Véase el reportaje a Diana Lenton (Aranda 2011).

5 Me remito a los planteamientos de Escolar (2011) y Bascopé (2009).

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Julio Esteban Vezub, « 1879 – 1979: Genocidio indígena, historiografía y dictadura », Corpus [En línea], Vol 1, No 2 | 2011, Publicado el 30 diciembre 2011, consultado el 19 octubre 2017. URL : http://corpusarchivos.revues.org/1165 ; DOI : 10.4000/corpusarchivos.1165

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Autor

Julio Esteban Vezub

Centro Nacional Patagónico, CONICET; Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina.

Correo electrónico: vezub@cenpat.edu.ar

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Licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5 AR)

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