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Reseñas

Reseña de El jefe político. Un dominio negociado en el mundo rural del Estado de México, 1856-1911, de Falcón, Romana, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, CIESAS (México, 2015), 744 p. ISBN 978-607-462-738-1

María del Carmen Salinas Sandoval

Texto completo

1El libro El jefe político. Un dominio negociado en el mundo rural del Estado de México, 1856-1911 estudia la jefatura política en una entidad federativa, el Estado de México, durante la segunda mitad del siglo XIX. En sus páginas convergen tres líneas de análisis: el estudio de “las clases subalternas” aplicando una perspectiva socio-histórica "desde abajo"; el encuentro de la historia institucional con la historia social; y las dinámicas de construcción del dominio y de la subordinación, aspecto que la autora llama la “dialéctica del dominio”. A través de estos análisis se examina la mediación como una función esencial de la política, donde las categorías de dominio y de subalternidad se vinculan a la situación de los actores y a sus relaciones siempre fluctuantes. Falcón desarrolla a lo largo de la obra un bagaje conceptual que le permite mostrar y examinar datos para explicar el proceso histórico que dio origen, consolidación y decadencia a la figura del jefe político como una de las principales instituciones de la política local en México. Entender su papel en la integración política y social de las entidades federativas es entender la formación del México moderno.

2La figura del jefe político se constituyó en la legislación estatal y fue aplicada como parte necesaria del gobierno interno de los estados y departamentos del país, articulando las relaciones entre los poderes centrales y los ayuntamientos. Su poder político, por otra parte, transgredió la esfera administrativa y gubernamental pasando a la cotidianidad de la sociedad, por lo que al examinar al jefe político se ingresa en las diversas relaciones formales e informales que éstos tuvieron con las autoridades (ayuntamientos, jueces auxiliares, jueces de primera instancia, otros jefes políticos, administradores de renta, gobernador y el congreso local) y con la sociedad. Estas relaciones hicieron evidente la articulación de las bases constitucionales del gobierno de los estados y las prácticas legales y no legales que le daban al jefe político el dominio cotidiano del poder, envuelto en pactos clientelares, favoritismos, abusos y negociaciones. El libro expone ampliamente que no sólo se trataba de funcionarios que actuaban con las armas y la violencia, sino que tuvieron que hacer uso de herramientas pacíficas y desarrollar acuerdos en el marco de una situación donde las ideas modernizadoras del Estado liberal no siempre eran bien aceptadas por las comunidades rurales, lo que obligaba a negociaciones permanentes entre el jefe político y éstas.

3En el libro, el análisis del ejercicio del poder toma varias vertientes a través de las cuales es posible observar la manera en que la institucionalización de la figura del jefe político contribuyó a la generación y organización de las entidades federativas del país. La autora analiza el “arte de hacer política” al referirse a tres cuestiones: las disposiciones legales desarrolladas por un grupo gobernante para crear, planificar y ejercer el poder sobre las autoridades y los habitantes de los municipios; las respuestas de los gobernantes (unas veces violentas y otras muchas negociadas) a la lucha y oposición de los pueblos para aplicar la legislación liberal; y las relaciones cotidianas entre dominadores y dominados. La razón de ser de este “arte de la política” era alcanzar un fin preciso: el bien común a través de la "civilización" y la estabilidad pública, cuestiones comprendidas de manera particular por los distintos actores sociales. En el centro de estos fenómenos emerge el jefe político estableciendo relaciones de poder y dominio sobre las clases subalternas, constituyendo una parte importante de la cultura política que formalizó la organización de la vida social y de los gobiernos estatales en aquellos tiempos.

4La figura del jefe político tuvo roles específicos en diferentes momentos del siglo XIX, todos ellos enmarcados por los ideales del liberalismo. En la primera mitad de ese siglo la finalidad del Ejecutivo de aplicar la legislación sobre prefectos y subprefectos fue alcanzar la unidad política y administrativa del Estado de México, contrarrestando el poder de las numerosas células municipales. En la República restaurada fue aplicar la legislación reformista para reorganizar el territorio bajo el proyecto liberal y republicano que se fortaleció después de la Guerra de Reforma y de la intervención francesa; y en el Porfiriato se fortaleció la presencia de los jefes políticos en los distritos en busca del desarrollo regional, la eficacia administrativa y la consolidación de la paz pública, luego de seis décadas de revueltas sociales y políticas.

5Dentro de ese proceso decimonónico donde el jefe político fue una figura central y legítima de la estructura de poder, el desarrollo del libro se centra en la segunda mitad del siglo XIX (a partir de la ley de desamortización en 1856) hasta el inicio de la eliminación del jefe político como cargo institucional en 1914 y su supresión formal con las constituciones federal y del Estado de México de 1917, en consonancia con una de las reivindicaciones de la revolución mexicana iniciada en 1910 que reclamaba la instauración del "municipio libre”.

6El libro muestra el carácter multidimensional de las atribuciones del jefe político, que contempla cuestiones como la observancia de las obligaciones fiscales, la división y privatización de los terrenos colectivos y la modificación de los usos de los recursos naturales y la organización social. El gobernador ordenaba y autorizaba sus actos y los pueblos, ejerciendo su poder social, se reunían y organizaban persiguiendo mejorar sus condiciones de vida a partir de diversas maneras de relacionarse con el poder del jefe político. Al encabezar el jefe político su distrito, depender directamente de las disposiciones del gobernador y ser superior jerárquico de los ayuntamientos, fue el intermediario formal entre las políticas elaboradas en los Congresos locales y los habitantes de todos los municipios, ora actuando de manera ecuánime velando por los intereses colectivos, ora privilegiando sus intereses particulares y actuando de manera prepotente para mantener su poder regional.

7La obra de Romana Falcón está dividida en seis capítulos y cuatro anexos. El primero, titulado “El entorno, los pobladores y su historia”, presenta un panorama geográfico del territorio y de la estructura poblacional de los quince distritos que integraban el Estado de México, en el que se enfatiza su composición étnica, el lento crecimiento demográfico, las jerarquías territoriales entre ciudades, villas, barrios, pueblos, rancherías, ranchos y haciendas, y la multiplicidad de estructuras de propiedad.

8El segundo capítulo, “Del poder: facultades, límites y estilo”, está dividido en cuatro partes donde se abordan las atribuciones legales de los prefectos y jefes políticos, las disposiciones dirigidas a controlar la administración y la política jurisdiccionales, las redes de compadrazgo de los jefes políticos y los intentos legales para frenar sus abusos de poder. Su objetivo es contrastar los fundamentos legales que centralizaban el gobierno en los poderes estatales -primero en el legislativo y después en el ejecutivo- y la actuación de los jefes políticos en sus diversas atribuciones y en especial en su relación con los habitantes de los municipios, destacando sus abusos, fallas y tensiones sociales.

9En el tercer capítulo, titulado “Bienes, derechos e impuestos”, la autora expone el complejo proceso de modernización en los tres ramos gubernativos donde se concentraron los enfrentamientos y acuerdos entre el jefe político y el pueblo: la aplicación de la legislación sobre propiedad territorial; el cobro de los impuestos y la contribución sobre fincas rústicas; y la realización de un catastro confiable. En estos procesos el jefe político tuvo atribuciones fundamentales, enfrentándose a la diversidad de reacciones de los habitantes de los pueblos ante estos embates modernizadores. En este marco, Falcón cuestiona el cumplimiento del objetivo del Porfiriato de integrar a los indígenas y a los habitantes con hábitos corporativos en modelos modernos de ciudadanía y propiedad privada, puesto que la dinámica de los pueblos era muy compleja respecto al objetivo de unificar la cultura política de los pueblos e imponer la propiedad privada, objetivos donde el accionar de los jefes políticos se manifestó improductivo.

10El capítulo cuarto, “La precaria modernización liberal”, expone los conflictos por tierras producto de las leyes de desamortización y de deslinde de baldíos, cimientos de una política modernizadora desde 1856-1857 hasta el arribo de la revolución en 1910. La legislación liberal se proponía disolver el carácter corporativo de los pueblos, que se manifestaba en la reproducción de hábitos colectivos en el uso y organización del territorio, en su gobierno interno y en el sentido de pertenencia a una comunidad. El proyecto era sustituir este carácter corporativo por una sociedad de individuos, propietarios de tierras privadas, contribuyentes y con posibilidades de integrar una economía dinámica. Sin embargo, la puesta en práctica de las políticas liberales siguió caminos sinuosos que resultaron en un proceso plagado de conflictos con pocos logros en aquellos objetivos. Romana Falcón resalta las modalidades, variaciones y matices con que los pueblos y comunidades afectadas se articularon a este proceso, mostrando su presteza y creatividad al amalgamar lo viejo y lo nuevo. Cada pueblo reaccionó de manera singular, mezclando privilegios, viejos conflictos por tierras, antiguos derechos y costumbres y procedimientos legales liberales que interpretaban a su conveniencia. Con diversas maneras de adaptar la modernidad, muchos pueblos lograron conservar parte de sus recursos; no todas las reacciones fueron de oposición cuando las deposiciones modernizadoras pudieron flexibilizarse. En este proceso, la adjudicación de tierras de repartimiento tuvo mejor aceptación que el deslinde de baldíos donde se vieron perjudicados los bienes del común, puesto que muchos campesinos comuneros perdieron parte de sus recursos territoriales afectando sus condiciones de vida y su situación socioeconómica. Aquí, la autora muestra que el papel de los jefes políticos en este proceso de individualización de terrenos corporativos fue determinante: en las negociaciones con los pueblos que buscaban quebrantar las disposiciones legales que proponían la propiedad individual, en los convenios para evitar los disturbios violentos y en el propio proceso de adjudicaciones de terrenos privados. Asimismo, Falcón muestra cómo los jefes políticos, intermediarios entre el Ejecutivo y los campesinos, padecieron la incertidumbre, las contradicciones y la inacción de las autoridades de la entidad y las federales, y por otros, se posicionaron en un lugar específico respecto al poder colectivo, al buscar un equilibrio entre las diversas situaciones locales y la aplicación de los principios liberales de las leyes agrarias, contribuyendo a la construcción de una modernización articulada a los derechos corporativos.

11En el capítulo quinto, "Viejas querellas, nuevas arenas: la ciencia y el arte de la contención", la autora analiza el arte de dirimir diferencias entre los habitantes de pueblos y barrios, los medianos y grandes propietarios, las autoridades municipales y estatales y los jefes políticos. Éstos últimos podían manejar, generalmente con la venia del gobernador, los diferentes hilos de las relaciones e intereses entre grupos, lubricados por acuerdos y alianzas o signados por desenlaces violentos. Dentro de sus facultades legales estaba el otorgamiento a ayuntamientos, jueces auxiliares y/o pueblos del permiso de litigar judicialmente, así como la aprobación del apoderado de estos litigantes, trámite indispensable puesto que con la ley de desamortización los pueblos perdieron su personalidad jurídica y la posibilidad de ser dueños de bienes raíces de manera colectiva. Con el permiso para litigar se encauzaba el descontento popular por las vías judiciales y se aseguraba que las querellas por tierras fueran lideradas por personas que comulgaran con la paz y el orden liberal, para evitar que se desencadenaran actos fuera de la ley. Se abría a los pueblos el espacio de defensa y de expresión de inconformidades aunque de manera controlada, así como el poder del jefe político que transgredía el ámbito político llegando al judicial.

12Romana Falcón resalta el papel de los jefes políticos en mantener la paz en varias regiones de la entidad, en tanto evaluaban las situaciones y daban soluciones bajo la presión de los pueblos, que solían reconocerlos como mediadores. También nos recuerda que los márgenes equilibradores de los jefes políticos se restringían drásticamente al estar involucrados querellantes hacendados y comerciantes, relacionados con la cúspide del poder. Con el estudio de diversos casos muy bien documentados, la autora nos muestra a un jefe político que respondía a juegos de poder basados en convenios y arbitraje con diversos actores sociales, aunque en ocasiones hacían uso de la violencia, particularmente en situaciones de motín, insurrección o huelga. Así sucedió en el ocaso del Porfiriato donde el jefe político se erigió en defensor de los propietarios y autoridades estatales, actuando con dureza contra la población indígena de acuerdo con facultades otorgadas por ley. Por lo tanto, el panorama de estos funcionarios muestra a aquellos que apoyaron la solución “pacífica” de los conflictos de campesinos, obreros y artesanos, y los que la historiografía ha generalizado como displicentes y represivos. Estas características fueron las que calaron en la opinión de los grupos participantes en la Revolución mexicana, quienes demandaron que se suprimieran las jefaturas políticas, lo cual como dijimos se decretó en 1914 y se dictó en la Constitución federal de 1917.

13El último capítulo, “Los pueblos ante el último recurso: breve matrícula de la violencia” concentra el análisis en las acciones contenciosas y de acción colectiva que los habitantes de los pueblos manifestaron en favor de sus derechos. La autora expone diferentes estrategias de gobernantes, hacendados y jefes políticos para contrarrestar la movilización colectiva, de tal manera que el dominio y la hegemonía mostró diversos caminos siempre cambiantes. Rescata las acciones de los actores dentro de dos fenómenos de suma importancia para la creación de su propia modernización. En primer lugar las estrategias pacíficas para obtener títulos de propiedad y/o posesión adecuados a sus intereses, y para mantener la forma colectiva de explotación de los recursos pidiendo se les exceptuara de la aplicación de la ley de desamortización. Y en segundo lugar, las estrategias impregnadas de violencia como las amenazas, el usufructo continuado de tierras, bosques y aguas, la apropiación de bienes en disputa, los tumultos y los motines. Aunque ambas estrategias se presentan separadamente, en la práctica cotidiana se empleaban de manera simultánea. Asimismo, la autora expone una situación donde las clases populares fracturadas no actuaron en bloque, se conducían según sus intereses, mostrando las posiciones contradictorias ante la implantación de las disposiciones liberales, en particular las que individualizaban la propiedad de la tierra. Por ello se concluye que estudiar el pasado de los pueblos implica entrar a un mundo diverso, que no se puede encajonar en las simples categorías de pueblos tradicionales o pueblos modernos, porque las dinámicas pueblerinas tuvieron la capacidad de articular en la vida rural los elementos de ambos mundos, mostrando la complejidad de las sociedades en movimiento.

14En las conclusiones del libro, la autora subraya la capacidad de los jefes políticos de ser parte indispensable de las sociedades rurales y también de la jerarquía del poder gubernativo. Esta capacidad resultó decisiva para mantener la tranquilidad pública, para conseguir el equilibrio social y político (aunque fuera débil) al implantar las disposiciones encaminadas a alcanzar la modernidad impuesta en la Nación Mexicana. Para lograrlo, el jefe político no desplegó como forma de gobierno la coerción, sino que buscó la legitimación de su autoridad con pactos y negociaciones con los pueblos. Tuvo algunos logros en la construcción de la modernidad, aunque Falcón resalta que es preferible hablar de "modernidades", tanto en relación a los grupos gobernantes al dictar y aplicar sus leyes liberales combinadas con costumbres corporativas, como en los gobernados al adaptarlas en su beneficio. Descubrimos así un mundo rural del Estado de México integrado por grupos dominantes y dominados que negociaban, acordaban y se enfrentaban cotidianamente, haciendo uso del poder que cada uno tenía.

15El libro de Romana Falcón se convierte así en una referencia obligada para los estudiosos de varios temas: la concentración de poder en la época de Benito Juárez y Porfirio Díaz; el funcionamiento de la estructura de poder en la segunda mitad del siglo XIX; el proceso de construcción de la modernidad; las complejas articulaciones entre la legislación liberal y su aplicación; la dialéctica entre el mundo institucional y la sociedad popular; y la acción de los pueblos como actores informados capaces de adaptar, modificar y resistir la ideología liberal.

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María del Carmen Salinas Sandoval, « Reseña de El jefe político. Un dominio negociado en el mundo rural del Estado de México, 1856-1911, de Falcón, Romana, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, CIESAS (México, 2015), 744 p. ISBN 978-607-462-738-1 », Corpus [En línea], Vol 6, No 1 | 2016, Publicado el 03 julio 2016, consultado el 26 marzo 2017. URL : http://corpusarchivos.revues.org/1552 ; DOI : 10.4000/corpusarchivos.1552

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Autor

María del Carmen Salinas Sandoval

El Colegio Mexiquense, A.C., México

Correo electrónico: csalinas@cmq.edu.mx

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Licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5 AR)

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