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Crítica

“Indios”, “comunistas” y “guerrilleros”: miedos y memorias de la lucha por tierras en las tierras altas de Jujuy, Argentina

“Indians”, “communists” and “guerrilleros”: fears and memories of struggles for land in the highlands of Jujuy, Argentina
Guillermina Espósito y Ludmila Da Silva Catela

Resúmenes

En este trabajo abordamos los modos en que desde fines del siglo XIX, las luchas por tierras en la provincia andina de Jujuy, Argentina, fueron traducidas en términos de una “amenaza comunista”. La acusación de ser “comunista” fue aplicada sobre los arrendatarios de las fincas de las tierras altas de la región, en asociación con las categorías “indígenas” e “indios” en situaciones de demandas por tierras. A su vez, la acusación de comunista fue incorporada y resignificada por los “arrenderos”1 de modos diversos. Veremos cómo esta compleja trayectoria de marcaciones, acusaciones y estigmatizaciones en el largo término, intervino en los procesos de etnogénesis experimentados en la región, particularmente hacia la década de 1990.

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Notas de la redacción

Fecha de recepción del original: 09-03-2013

Fecha de aceptación para publicación: 31-05-2013

Texto completo

Introducción

  • 2 La finca o hacienda Tumbaya era entonces una unidad productiva orientada a la renta, en la que los (...)

1Entre los meses de julio y octubre del año 1976, pocos meses después del golpe de estado del mes de marzo, hubo tres episodios de secuestros en el pueblo de Tumbaya, en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina. En uno de ellos la policía se llevó a veinte hombres, todos acusados de ser “comunistas”. Seis de ellos siguen aún desaparecidos. Tres de los desaparecidos, al igual que la mayoría de los hombres que fueron secuestrados por la policía y liberados poco tiempo después, eran arrendatarios de la finca Tumbaya2.

2Veinte años después de estos episodios, los arrenderos recibieron en forma de posesión comunitaria las 24.469 hectáreas que conformaban el territorio de la finca Tumbaya. Esto fue posible por la ejecución de la Ley Nacional de expropiación N° 24725. La expropiación coronó un proceso originado a principios de la década de 1980, cuando los arrenderos comenzaron la gestión de la “legítima posesión” de las tierras por haber vivido allí “desde el tiempo de los abuelos”. En el marco de la expropiación, las familias arrendatarias tramitaron ante el Estado su personería jurídica como comunidad aborigen, pasando así a ser propietarios comunales de las tierras de la finca desde su condición de indígenas collas.

  • 3 Diversos documentos históricos registran conflictos por tierras desde por lo menos fines del siglo (...)

3El caso de Tumbaya se inscribe en un proceso mayor de restitución de tierras a más de cien comunidades indígenas que se organizaron durante la década de 1990 en la zona de las tierras altas de Jujuy. Además del proceso de etnogénesis que supusieron estos casos en una región con ausencia oficial de indios, estos sumarios sacudieron el aparente letargo que inmovilizó las relaciones de propiedad de la tierra en la región, comenzando a revertir la “historia del despojo” (Bernal, 1984; Madrazo, 1986) a la que habían sido sometidas las comunidades indígenas locales desde mediados del siglo XIX. Sin embargo, este letargo no fue tal, si consideramos los numerosos episodios de reclamo y lucha que periódicamente, a lo largo de más de un siglo y medio, pusieron en jaque la estructura agraria local3. En esta larga historia regional, al igual que con los “arrenderos” secuestrados y desaparecidos de Tumbaya en 1976, la palabra “comunista” fue utilizada como una categoría acusatoria en diversos episodios vinculados a demandas por tierras y en acciones represivas llevadas a cabo por fuerzas del Estado y las elites locales. Es justamente en la correlación histórica y categorial entre “luchas por tierras y acusación de comunistas” que situamos este trabajo, donde abordamos los modos en que desde fines del siglo XIX, diversos episodios de reclamos por tierras ocurridos en las tierras altas de Jujuy fueron traducidos como una “amenaza comunista”. Esta acusación fue aplicada sobre los arrendatarios de las fincas de la región, asociada a las categorías de “indígena” o “indio” en situaciones de demandas por tierras, y reactualizadas en las narrativas construidas sobre los guerrilleros de la década de 1970. Las acusaciones de ser “comunistas” fueron incorporadas y significadas por los arrenderos de modos diversos, prevaleciendo un sentido estigmatizado, presente en las memorias construidas sobre aquellos episodios. Veremos finalmente cómo esta compleja trayectoria de memorias, marcaciones, acusaciones y estigmatizaciones en el largo término, intervino en los procesos de etnogénesis indígena experimentados en la región, particularmente hacia la década de 1990.

4La relevancia de este artículo se debe a varias razones. En primer lugar, en la historia oficial sobre la dictadura argentina de 1976-1983 quienes aparecen como víctimas del terrorismo de Estado son mayormente obreros, estudiantes, docentes, profesionales, artistas y periodistas, categorías sociales en general asociados a la clase media urbana. A diferencia de otros países de América Latina, como por ejemplo Perú o Ecuador, en la Argentina los campesinos e indígenas son categorías sociales invisibilizadas en tanto víctimas de la represión, sin constituirse como categorías legítimas en los abordajes políticos, antropológicos e históricos sobre la época. En segundo lugar, aunque el término “comunista” fue aplicado a campesinos e indígenas en el Noroeste argentino en diversos episodios vinculados a luchas por tierras desde 1870 hasta por lo menos la década de 1970, no se ha sistematizado un estudio que muestre la continuidad de sus usos desde una perspectiva que combine el uso de documentos, fuentes secundarias y entrevistas etnográficas. En este sentido, este trabajo pretende aportar a desandar los largos y conflictivos caminos de la memoria y el poder en las tierras altas de Jujuy (Cfr. Abercrombie, 2006), mostrando algunas tramas de su configuración regional a lo largo de más de un siglo.

Historia de un despojo

  • 4 Las fincas son unidades de producción de grandes extensiones con tierras de pasturas, en las que se (...)
  • 5 La enfiteusis era la cesión de un bien raíz a perpetuidad o por un largo tiempo, establecida genera (...)

5Durante la colonización española en América, las propiedades rurales recibieron distintos nombres: las “estancias”, “chacras” y “haciendas” categorizaron distintas unidades productivas de la economía agraria colonial en diferentes períodos y lugares de la región (Mata de López, 2005). En el Noroeste argentino, como en muchos lugares de los Andes meridionales, estas unidades productivas coexistían con tierras comunales de propiedad indígena. Estas tierras estaban formadas por chacras de explotación comunal, así como por parcelas que eran repartidas por los caciques a los originarios, quienes tributaban a sus encomenderos, que tenían derechos sobre los tributos indígenas pero no sobre las tierras (Teruel y Fandos, 2011). Luego de la independencia nacional en 1816, las haciendas se incluyeron en el término catastral de fincas (Madrazo, 1986, p. 18) 4. Algunas de estas fincas provenían de mercedes y encomiendas coloniales, pero muchas se constituyeron a partir de una ley de enfiteusis5 del año 1838 aplicada entre otras sobre las tierras comunales indígenas, medida de privatización que se consolidó con la ley de ventas de tierras del año 1860 (Bushnell, 1997, p. 70; Teruel y Fandos, 2009; Teruel, 2010; Paz, 2010; Fleitas y Teruel, 2011). Estas medidas tenían como objetivo convertir en propietarios a los antiguos comuneros, procurando a su vez ingresos al Estado, debilitado por la guerra contra la confederación peruano-boliviana (Sica, 2010). De esta forma, hacia fines del siglo XIX, luego de la desarticulación de las tierras comunales indígenas, se estableció una importante concentración de tierras en fincas y haciendas, tanto en la Quebrada de Humahuaca como en la Puna, en una provincia predominantemente agraria, con una población rural que para entonces rondaba el 90% (Madrazo, 1986; Paz, 2003). En este marco, la renta pasó a ser el tipo de ingreso más lucrativo para las nuevas clases terratenientes, constituyéndose en la “nueva forma de apropiación de los excedentes que se veía obligada a generar la economía familiar de subsistencia. […] Comenzaba a desarrollarse un tipo de pastoreo (a veces de agricultura de ínfima escala), ejercido por pequeños arrendatarios de condición semiservil” (Madrazo, 1982, p. 142, resaltado propio). Los antiguos comuneros perdieron en gran medida su acceso a la tierra.

  • 6 En todo caso, estas narrativas convivían con la presencia indígena que sobrevivía en los cuerpos de (...)
  • 7 Ver especialmente las obras de Ambrosetti (1902) y (1912); Boman (1908); Debenedetti (1910) y (1912 (...)

6Según gran parte de la literatura historiográfica regional, el “despojo” de las tierras comunales indígenas a mediados del siglo XIX tuvo como uno de sus efectos la dilución de sentidos de identificación y pertenencia indígena de los antiguos comuneros, quienes pasaron a adquirir características de clase como arrendatarios en el sistema de hacienda propio del naciente Estado Nación argentino (Madrazo, 1986). Sin embargo, un dispositivo central en este proceso de descaracterización étnica se montó en torno a la producción de “narrativas de extinción” (Escolar, 2007) sobre las poblaciones indígenas locales. Hemos mostrado en otro lado (Espósito, 2012; 2013b) el modo en que en la vasta producción historiográfica y arqueológica sobre la región, los indígenas quebradeños fueron dados por muertos, o agregados al torrente de las sangres mestizas que irrigaban los rostros humanos de los paisajes locales6. Los trabajos arqueológicos en la región7 junto a los escritos de diversos expertos, sentenciaron la desaparición del indígena quebradeño. Asomando el siglo XX, uno de los referentes intelectuales locales los describía del siguiente modo:

  • 8 Joaquín Carrillo (1853-1933) fue un jurista y político jujeño de gran influencia local, cuyos escri (...)

...hoy están formando las masas que nuestra civilización ha ennoblecido reconociéndoles derechos i prestándoles garantías; sus costumbres no difieren ya del común de nuestros campesinos, i se han llamado gauchos durante la guerra […]: son emprendedores, comerciantes, i principalmente pastores i agricultores, desplegando bastante talento i constancia (Carrillo, 1877, p. 30)8.

7En este contexto, en un país que con la mirada puesta en Europa se iba imaginando como “de basamento ultramarino” (Briones, 2002, p. 67), los “indios” de las tierras altas de Jujuy, despojados de sus tierras, se volvieron campesinos: los indios dejaron de ser indios (Cfr. Madrazo, 1986, p. 8). Los antiguos comuneros se convirtieron jurídicamente en: 1) “propietarios minifundistas” quienes accedieron a la compra de terrenos, 2) “arrendatarios”, aquellos que se incorporaron como “arrenderos” en las grandes haciendas y fincas establecidas en la región, 3) “poseedores precarios”, aquellos que accedieron a tierras a través de alguna de las leyes y decretos que se promulgaron para la entrega de tierras a sus ocupantes, y 4) “ocupantes”, las familias y grupos que se establecieron en terrenos de propiedad fiscal sin ningún tipo de respaldo legal.

Indios y comunistas

  • 9 Los levantamientos puneños de la década de 1870 fueron analizados por muchos historiadores, y las c (...)
  • 10 Hacia la década de 1970, los episodios de las batallas eran recordadas en la zona como “la hecatomb (...)

8Una vez conformada la estructura agraria que sin mayores cambios perduró hasta la década de 1990, las demandas de expropiación de las fincas privadas y los reclamos por el mejoramiento de las condiciones laborales al interior de las mismas fueron una constante en la historia regional. En pleno clima de consolidación del proceso de privatización de tierras, entre 1872 y 1876 las tierras altas de Jujuy fueron escenario de agitaciones y conflictos que culminaron con un levantamiento a gran escala de los antiguos comuneros indígenas de la región9. Lo que los arrendatarios demandaban era la expropiación de las haciendas de los departamentos de Cochinoca y Casabindo a su propietario el marqués Campero, quien se arrogaba su propiedad por poseer títulos de encomiendas adquiridos durante la colonia. Como corolario del proceso, en enero de 1875 el gobernador José María Álvarez Prado —quien a la sazón había adquirido entre otras la finca Tumbaya en la Quebrada de Humahuaca— aplastó la rebelión con apoyo del Gobierno nacional, masacrando a cientos de arrenderos10.

Rutledge (1987) y Gustavo Paz (2010) analizaron el modo en que estas “rebeliones” durante la década de 1870 fueron significadas en términos de una “increíble amenaza comunista” de fines del siglo XIX: por primera vez en la historia latinoamericana, los rebeldes fueron acusados públicamente de “comunismo” por los voceros de la clase gobernante (Rutledge, 1992, pp. 239-240). Paz reproduce un fragmento del

…parece un sueño que en la República Argentina se hable de comunismo, y sin embargo es sabido que en el año de 1873 brotó una idea de funestas consecuencias entre los indígenas de la Puna: la denuncia de los terrenos que consideraban fiscales (Paz 2010, p. 1, el resaltado nos pertenece).

9En un folleto anónimo titulado El Comunismo en la Provincia de Jujuí aparecido en 1874, se advertía sobre los peligros de la propagación de la ideología comunista entre el campesinado indígena de la Puna. Los autores acusaban a la hasta entonces todopoderosa familia gobernante Sánchez de Bustamante como "la facción comunista de Jujuí", al incitar a la rebelión a los indígenas puneños para garantizar su perpetuación en el gobierno. Según los autores del folleto, en estos eventos resonaban los sucesos de la comuna de París (acontecidos tres años antes, en 1871) cuyo programa habría sido trasladado a Jujuy por los Bustamante e implementado por los indígenas con el fin de "trastornar el orden establecido, oponer resistencias al principio de autoridad y hacer guerra a la propiedad privada" (Paz, 2010, p. 7). Sin embargo, a pesar de la referencia a la comuna parisina por parte de los autores del folleto, lo cierto es que en la Puna los pedidos de fiscalización de tierras y el rechazo del pago de los arriendos por parte de los indígenas, se vinculaban con un sentido local del término, asociado a las instituciones comunales desarticuladas por el avance del sistema de la propiedad privada. Quien lideró en principio el levantamiento fue un arrendero de Yavi, Anastacio Inca, “quien [tiempo antes del levantamiento] recorría toda la puna incitando a la rebelión y demandando colaboraciones para el mantenimiento de los indígenas movilizados por “el asunto comunidad” (Paz, 2010, p. 6). Como fue planteado por Paz (2010), luego de la masacre perpetrada a los “arrenderos” de las fincas de la Puna, la acusación sobre los campesinos de “comunistas” siguió vigente en el vocabulario de las elites económicas y políticas jujeñas para referirse al periódico cuestionamiento de las relaciones de propiedad de la tierra.

10Junto a las peticiones formales presentadas por arrendatarios de varios departamentos de las tierras altas de Jujuy, se sucedieron distintos episodios violentos entrado el siglo XX. Particularmente, los años 1923 y 1924 fueron especialmente agitados en cuanto a reclamos por parte de arrendatarios de haciendas, tanto por la propiedad de sus tierras, como por el cese de los servicios personales y la mejora en los tratos por parte de los patrones (Fleitas, 2005; Fleitas y Kindgard, 2006). En el año 1923, ciento cincuenta arrendatarios de la finca El Aguilar (dpto. Humahuaca) realizaron una protesta a partir del intento de ejecución de un embargo de sus bienes por incumplimiento en el pago de sus arriendos, según alegaba el propietario de la finca. La prensa se hacía eco de la situación:

  • 11 La Opinión, Jujuy, jueves 22 de marzo de 1923, Año V, Nº 991. Publicado en Fleitas s/d.

…ocurrieron graves sucesos sangrientos […] habiéndose alzado en armas contra las autoridades policiales un grupo de 150 arrendatarios de dicha finca, al serle notificada la orden de embargo de acuerdo a la sentencia […], trátase del alzamiento de 150 individuos que asaltaron al comisario Florentino Alfaro y dos agentes […] produciéndose un choque sangriento [los atacantes estaban armados de palos y piedras]11

  • 12 Frente a los levantamientos, el gobernador Mateo Córdova pidió refuerzos a las fuerzas nacionales (...)

11A pesar del envío de un comisionado y la intervención federal ordenada por el presidente Alvear a la provincia de Jujuy12, un año después se produjo un nuevo levantamiento de arrendatarios de la finca Cagrejillos, en el departamento puneño de Yavi. Cerca de trescientos hombres armados asaltaron la comisaría del lugar destruyendo el edificio, quedando como saldo numerosos heridos y tres muertos.

12Según la historiadora Silvia Fleitas, estos episodios están en estrecha vinculación con el accionar político de Miguel Tanco en aquellos parajes. Tanco fue el primer político que desde el radicalismo y como ministro de Gobierno y de Hacienda de Jujuy presentó un proyecto de expropiación de latifundios en 1922. Tanco representaba el “ala popular” del radicalismo jujeño, y viajó con frecuencia a la Quebrada de Humahuaca y a la Puna, “…donde obtuvo especial arraigo entre los “pobladores nativos” […] se entrevistó con partidarios y líderes locales […] y, según versiones no comprobadas, [se encargó] de armar a los campesinos en sus reclamos antes los arrendatarios latifundistas (Fleitas y Kindgard 2006, p. 192). Por ejemplo, quien lideró el asalto de 1924 fue el propio comisario rural de Cangrejillos, especie de “representante” de los “arrendatarios aborígenes” (Fleitas s/d, p. 23). La irrupción a la comisaría se dio a la viva voz de “¡Viva Tanco! ¡Viva Irigoyen! ¡Abajo los latifundistas!” (Fleitas s/d, p. 23), y ocurrió en pleno cierre de campaña de las elecciones a gobernador de ese año. El periódico conservador “El Día” “informa sobre un conato de revolución en Jujuy, aludiendo a un movimiento comunista planeado por elementos ‘ácratas’ combinados de Salta y Jujuy, que involucra a militares de los regimientos destacados de estas provincias y funcionarios públicos” (Abán, 1974).

13La continuada historia de reclamos, acentuada para la primera mitad de la década de 1920, dio lugar en 1924 al envío de una comisión provincial creada por la Ley N° 588, a fin de analizar la posible adquisición por parte del Estado provincial de haciendas y fincas de Quebrada y Puna para su venta a los arrenderos. En el informe elevado al Ministro de Hacienda de Jujuy, el Dr. Alberto Blas, la Comisión refería a lo acontecido en la Finca de Yavi:

Entre los pobladores […] sólo han manifestado deseos de adquirir sus actuales arriendos en propiedad […] el señor Escolástico Azapa, arrendero y pastajero de San Sana quien desea adquirir este en propiedad. Como en una reunión de más de cuarenta arrenderos que hizo la comisión en San Sana fuese el señor Apaza el único aspirante a propietario y [a la Comisión] le llamase este hecho la atención, procuró averiguar a los concurrentes a qué motivos obedecía esta actitud aislada, manifestando la mayor parte de ellos que: como el señor Apaza ejercía desde hace tiempo verdadero derecho de dominio exclusivo sobre los pastos, leña y agua de rodeo, amparado y fortalecido en su carácter de primer propagandista y cabecilla de la política de adueñarse de fincas ajenas con el sólo y simple requisito de desconocer el derecho de los otros, el que había ejercitado y aprovechado en primer grado, pues si bien es verdad que a los dueños de la finca no abonaba el valor del arriendo, a los vecinos arrenderos excluía del uso del agua para riego de los pastos para los ganados y del derecho de cortar leña allí, donde sus imaginarios derechos de primer propagandista le daban el ejercicio de esa suave soberanía comunista que pretendieron establecer en la Puna, estos nuevos apóstoles de la supresión del derecho de propiedad ajena, y opinaban en definitiva, que, ya que el señor Apaza en la actualidad no contaba con funcionarios competentes y tan complacientes como los comisarios y jueces con que amparó el derecho imaginario de sus propagandistas, el comunismo derrotado en las últimas elecciones, quería, dicen, comprando ahora una pequeña extensión de terreno, hacerse dueño de una gran cantidad de derechos a las propiedades cercanas. (Fuente: “Informe y Conclusiones a que se ha llegado en el estudio hecho sobre el terreno para la adquisición de la Quebrada y Puna, y su venta fraccionada a los actuales pobladores”, 1925, pp. 24-26).

14A lo largo de la historia regional, las elites económicas y políticas de Jujuy aplicaron la acusación de “comunistas” a todos aquellos que cuestionasen las relaciones de propiedad imperantes sobre la tierra. Las disputas y luchas por la distribución de la tierra se dieron a partir de la percepción de su alta concentración en pocas manos. Por ejemplo, según los datos del censo nacional del año 1895, Jujuy presentaba el caso más extremo de posesión de superficie por propietario. Esta relación era de 1.235 hectáreas por propietario, con una proporción de propietarios por habitante más baja en relación con lo que sucedía en el resto del país (Fandos y Fleitas, 2011). La proporción de propietarios en relación a sus habitantes era de ocho cada cien habitantes, mientras que la tendencia nacional era de diez propietarios cada cien habitantes. Esa tendencia se agudizó hacia 1914, cuando en Jujuy la relación era de diez cada cien, mientras que en el resto del país era de catorce cada cien (Fandos y Fleitas, 2011, p. 3). A lo largo del siglo XX, esta relación no varió demasiado, conformando Jujuy una de las provincias con mayor desigualdad en lo que a distribución de tierras se refiere.

  • 13 Los ingenios azucareros del oriente provincial tuvieron una gravitación central en las estructuras (...)

15Mientras tanto, los temores de los latifundistas y sus prácticas sistemáticas para mantener las relaciones de propiedad incólumes, se hacían eco en las tierras bajas de Jujuy, donde los propietarios de ingenios azucareros desarticulaban cualquier práctica que pudiese siquiera hacer pensar a los kollas en acceder a tierras propias. En su trabajo sobre el primer Censo Indígena Nacional Argentino, la antropóloga Diana Lenton (2003) presenta testimonios de dos censistas que en el año 1966 fueron a realizar sus registros al Ingenio Ledesma13. Según la antropóloga, todos sus entrevistados coincidieron en señalar que allí es donde tuvieron el mayor problema en todo el trabajo de campo. Dice la autora:

El problema mayor […] fue el que atravesaron dos censistas enviadas al Ingenio Ledesma en 1966 […] cuando Arrieta, propietario del ingenio, presionó […] para que a la población kolla que vivía en el ingenio Ledesma se la discriminara de los matacos y guaraníes para no censarla. Los problemas comenzaron cuando los administradores del ingenio las denunciaron por “hacer preguntas comunistas”. En realidad, la “pregunta comunista” era aquella que inquiría: “En el caso de tener un día mucha plata, ¿qué haría usted con ella?”. Esta pregunta tenía su razón de ser en el marco del interés que los diseñadores del censo mantenían por los procesos de “aculturación”. La respuesta unánime de los censados, que irritaba tanto a los Arrieta, era que de contar con los recursos necesarios, comprarían un terreno para dejar el ingenio y obtener su independencia económica y personal (Lenton, 2003, p. 201).

16La maleabilidad de las marcaciones indígenas, fue utilizada por los dueños y capataces de los ingenios azucareros con fines de rentabilidad económica y seguridad social, y fue discutida en el marco de la posibilidad de que una eventual identificación hiciera emerger reclamos por tierras. Hacia la década de 1990, la histórica relación entre el cuestionamiento de las relaciones de propiedad de la tierra y la acusación de “comunistas” a sus detentadores por parte de las elites locales, fue resignificada de un modo particular, actualizando aquellas asociaciones, y revelando a su vez su incorporación estigmatizada por los “arrenderos “ de la finca Tumbaya.

Guerrilleros y kollas

17En un análisis sobre las violencias y memorias sobre los desaparecidos en Tumbaya durante 1976, una de nosotras (Da Silva Catela, 2007) pondera dos elementos que se conjugan en los relatos de los tumbayeños. El primer elemento es el uso constante de la violencia por parte de las elites, que durante el tiempo del terrorismo de Estado fue acompañado del uso sistemático de las fuerzas represivas estatales al servicio de sus intereses. En la memoria de aquellos que sufrieron la violencia tanto del Estado como de las elites económicas locales, no hay una diferenciación entre ambas clases de violencias. El uso de la violencia aparece como un continuum en la regulación de las relaciones sociales en Tumbaya, y esto conforma las memorias sobre diversos momentos de la historia local. Retrotrayéndose a la década del 30, don Germán y doña Lucía relataban:

Por ejemplo… tenían qué sé yo… levantar dos hectáreas a las piedras y lo tenían que hacer hoy y no dejar para mañana, era muy recto, ¿cómo te puedo decir? muy que le gustaba mandonear a la gente, y así lo tenía a todos, azoteaba, sí… yo le comento lo que mi abuelo me comentaba, que Álvarez Prado los azoteaba con látigo (don Germán, Tumbaya, 2008).

Cuando yo tenía 7 años a nosotros nos echaron, ha sido en el año 1930, a mi padre lo han echado de la Finca por ser radical. Entonces, manejaban los demócratas, les decían los orejudos, ellos manejaban los municipios, al intendente, al juez, a todas las autoridades de la policía manejaban ellos. Ellos, los patrones, ordenaban a las autoridades, a la policía, al comisario: “bueno, hacé esto” y listo, se hacía eso (doña Lucía, Tumbaya, 2008).

  • 14 La mano de obra utilizada en la mina de dolomita eran los arrenderos de la finca Tumbaya. Previamen (...)

18El segundo elemento que aparece de forma recurrente en los relatos de los tumbayeños, son las reiteradas referencias, para el período, a la presencia de los que “vinieron de afuera”, los “desconocidos” que contaminaron los lugares con sus ideas “subversivas” (Da Silva Catela, 2007, p. 10). En 1976, Carlos Jeczmieniowski, que era el administrador de una mina de extracción de dolomita ubicada dentro de los límites de la finca Tumbaya14, se hizo cargo de la comisión municipal en calidad de interventor. Es interesante el relato de don Vilte, un obrero de la mina, sobre la situación vivida frente a la policía que lo secuestró en 1976, donde traza una rápida relación entre el capataz de la mina y la acusación de comunista.

L: La policía lo acusaba de qué, ¿de montonero o de comunista?

V: De comunismo, de… “usted era del comunismo”, “usted tiene armas” me decían. ¿Para qué? Nada, no han sacado y no nos han comprobado nada […] Era terrible trabajar en la mina: ni la ropa nos daba, no nos pagaban el salario, nos trataban como a animales. Por eso digo, ellos tenían que llevarse directamente a Carlos Jeczmieniowski adentro, porque él ha usurpado mucho con los obreros, no nos ha pagado las horas, no nos han dado la ropa. Exactamente hemos trabajado diez horas y no nos ha dado ni una horita de descanso, al menos.

  • 15 Es muy difícil precisar cuántos eran los hombres realmente afiliados al partido. Si bien se recurri (...)
  • 16 La provincia de Tucumán era el centro de operaciones del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), (...)

19El argumento central de la intervención provincial en la comisión municipal de Tumbaya fue la “amenaza comunista” que rondaba en los imaginarios sobre el lugar, y fue uno de los argumentos principales para ejecutar la represión por parte de los agentes que llevaron adelante el denominado Proceso de Reorganización Nacional a partir del golpe de Estado de 1976. De los aproximadamente ciento cincuenta habitantes que tenía Tumbaya para entonces, la mitad eran hombres y muchos de ellos estaban afiliados al Partido Comunista15. En un momento de extrema violencia como el de 1976, Tumbaya fue bautizada por el interventor como la “Tucumán chiquita”16. Como nos cuenta don Martín y aparece en cada historia relatada por los entrevistados:

Jeczmieniowski, que fue el capataz de la mina y luego el interventor en Tumbaya, y le ha puesto el nombre de Tucumán chiquita, así le decían a Tumbaya. Él decía que se había arriado la bandera del Partido Comunista acá en Tumbaya, que habíamos izado nosotros, y nosotros nunca la habíamos izado. Pero él lo dijo en un discurso, que aquí se había arriado la bandera del partido Comunista. Y fue él el que ha entregado a los changos, él los ha entregado. Él fue quien los entregó.

20Si bien en los testimonios no aparece el uso explícito de la categoría “miedo al comunismo”, “el comunismo” (y no el Partido Comunista) aparece como el centro del mal, el culpable de lo sucedido y una explicación posible a la figura inexplicable de la desaparición (Da Silva Catela, 2006). Lo “comunista” pasa a ordenar y articular una serie de experiencias sociales, prejuicios y diferenciaciones que separan a un “Nosotros” de un “Otro”. Que remarcan un espacio local, conocido, donde hay lazos de confianza y solidaridad, de un espacio “externo” desconocido y peligroso, al poner en duda “el orden y las concepciones de mundo que deben ser vistas como naturales e indiscutibles” (Velho, 1980, p. 64). El comunismo, aparece así como una gran categoría que abarca diversos imaginarios generalmente asociados a la acusación o la sospecha sobre el “otro”, una carta con la cual negociar, acusar, perseguir, y generar miedo (Da Silva Catela, 2006; 2007).

  • 17 En ocasión de la conmemoración de los 30 años del golpe de Estado del año 1976, organizaciones de d (...)

21La última dictadura argentina fue entre los años 1976 y 1983. Los exarrendatarios de la finca Tumbaya sitúan el año 1981 como el momento en que comenzaron a agitarse las aguas sobre el tema de la expropiación de la finca. Todos los relatos, inexorablemente, coinciden en señalar el miedo que sentían al pensar en demandar al patrón por las tierras de la finca. Este miedo estaba fundado en eventos concretos y extremos experimentados por la comunidad: los secuestros, las desapariciones y finalmente la intervención de la comunidad por agentes, principalmente policías, del Proceso de Reorganización Nacional. Hasta no hace muchos años perduraban en el pueblo una serie de placas en la plaza y la Iglesia que denotaban la intervención de la dictadura. Entre otras, en el mástil de la bandera una de ellas rezaba: “Dios, Patria, Hogar. Proceso de reorganización nacional. 1979” 17. En entrevistas realizadas durante los años 2007 y 2008, el miedo de aquellos años aparecía asociado a la posibilidad de que si empezaban a movilizar el tema de las tierras, les pasara “lo mismo que les había pasado a los comunistas” (Espósito, 2012). El miedo era el culpable de que cuando estaban los militares las reuniones para tratar el tema de las tierras hayan sido difíciles de concertar. Al indagar en las explicaciones nativas sobre ‘cómo empezó el tema de las tierras’, aparecieron sentidos particulares asociados a aquella emoción. Decía don Paulo Colque:

P: Hay muchas veces que uno no ve el círculo completo ¿por qué? porque es una idea de una sola persona […] pero yo me he reunido con los más abuelos, muchas veces había muchos abuelos que estaban para hacer esto, pero tenían miedo, tenían mucho, muchísimo miedo.

G: ¿Y cuál era el miedo que tenían?

P: Ellos el miedo que ellos tenían era de que cómo tantos años que ellos han vivido, que el último día de su vida vengan a tener una muerte de éstas que se hacían en la guerrilla, ellos pensaban eso. Ellos no querían ser como los guerrilleros. Como por años ellos pasaron por esto, que alguien se matemos, que haya una guerra, ellos no querían.

  • 18 La expresión evoca los recuerdos de cansancio de los “arrenderos”, quienes me contaban que caminaba (...)

22Don Paulo fue uno de los principales arrenderos que impulsó el proceso que condujo a la expropiación de la finca Tumbaya. Con el miedo a cuestas18, hacia 1981 algunos arrenderos de Tumbaya comenzaron a reunirse entre familias, entre hermanos, para hablar de qué manera se podía salir adelante. Con el último patrón los arriendos se habían tornado costosos y “la situación no daba para más”. En este contexto, la Iglesia Católica y el Gobierno jujeño comenzaron a intervenir de manera creciente en la agrupación de los arrenderos y en la promoción y organización comunitaria que para esos años comenzaron a darse en la región (Espósito, 2013a).

23Una de las dimensiones subjetivas presentes en los relatos de los exarrendatarios sobre su organización como comunidad aborigen, es la velocidad con que se dio el proceso. En poco más de una década, los arrenderos de la finca Tumbaya pasaron de ser campesinos arrendatarios a ser propietarios de sus tierras en calidad de indígenas kollas. Esto no implicó, como también ha sido planteado para otros casos (Escolar, 2010, p. 174), la rápida naturalización de rótulos identitarios, como tampoco supuso la aceptación entusiasta de la expropiación de la finca y la mecánica apropiación de sentidos de ‘reparación histórica’ que se hubiese esperado. La celeridad de los tiempos multiculturales de los últimos años de la vida social en Tumbaya se articuló con subjetividades y memorias de larga duración, en cuya tensión se pusieron de manifiesto disputas generacionales, representaciones identitarias y sentidos de pertenencia y devenir.

La idea de que la finca Tumbaya fuese expropiada al patrón no estuvo exenta de controversias entre los propios arrenderos. Dos de las sensaciones con las que se recuerdan los tiempos donde esta idea fue tomando forma, son las del miedo y la duda: “…no sé si correspondía hacer, porque las tierras eran del patrón, ¿cómo íbamos a querer nosotros que fueran nuestras?” En algunos arrenderos, la posibilidad de la expropiación les generaba incertidumbre, sentimiento que resolvieron negándose a participar de las distintas actividades que implicó el proceso de expropiación de la finca. Como planteaba doña Guadalupe:

Pero así gente extraña, así cualquiera ya pasaría a hacerse cargo y sacar al otro… ya no, ya no quería, como digo yo, quiero quedarme en el lugar, a mí me gusta y por el amor al pago ante todo. Yo he nacido aquí, me ha criado mi padre, y capaz que quién sabe pero… ¿quién iba a venir a hacerse cargo? Yo no fui, no, a la carpa no. Me querían de obligada casi, pero yo no fui.

  • 19 Sobre las personas de mayor edad se depositan los valores que son considerados tradicionales en la (...)

24Las personas de mayor edad, los “abuelos” del cerro19, fueron quienes más se opusieron a la idea de la expropiación. Las experiencias de incorporación vividas por los arrenderos a lo largo del siglo XX, marcaron las subjetividades en términos de un sentido de pertenencia ciudadana que ancló fuerte en las identificaciones locales (Espósito, 2012). En un sistema donde las relaciones de arriendo articuladas a la propiedad privada garantizaban la pertenencia a un orden ciudadano y liberal, las personas que para principios de los 90 tenían sesenta, setenta años, no acordaban con la idea de dejar de pagar por las tierras. Ante la pregunta sobre si toda la gente de la finca estaba a favor de la expropiación, don Paulo decía:

Algunas sí, un 85% estaba a favor de la expropiación y había un 15% que estaban indecisas, y no creían, decían que nosotros de vagos estamos haciendo eso, de vagos por no pagar al patrón, y cuando armamos lo de la carpa ahí hay mucha gente que vivía y tenía 60, 70 años que decía “bueno, yo estoy 70 años pagando y ustedes que recién están saliendo del huevo de su tata y ya no quieren pagar”.

25El contenido moral de las inculpaciones de los ancianos hacia los jóvenes por querer dejarle de pagar al patrón, tiene una serie de implicancias que nos interesa resaltar. Como vimos, en la historia agraria de la provincia de Jujuy, las elites económicas y políticas asociaron de modo frecuente reclamos indígenas de tenencia y posesión de tierras con “amenazas comunistas”. Los reclamos de 1980 y 1990 que desembocaron en la expropiación de la finca Tumbaya se articularon rápidamente con discursos que reactualizaron los históricos reclamos por tierras. Como dijimos, este proceso se dio fundamentalmente a través de la agencia de distintas instituciones eclesiásticas y políticas que canalizaron las demandas de los arrenderos de Tumbaya, promoviendo acciones y banderas que se reclamaron legítimas e insoslayables (Espósito, 2013a). ¿Por qué estas asociaciones fueron resistidas por los ancianos en Tumbaya?

26Como mostramos en este artículo, la categoría “comunista” operó de manera acusatoria en distintos momentos de la historia jujeña y de Tumbaya en particular, en situaciones de cuestionamiento de las relaciones de propiedad de la tierra. Estas nociones se fueron reactualizando como un marco interpretativo de distintos episodios vividos y pensados por los arrenderos de Tumbaya, en contextos por demás dispares. Don Luis recordaba a Juan Domingo Perón, presidente populista de las décadas de 1940 y 1950: “Decían que Juan Domingo Perón ha dicho que él es comunista, que era comunista, pero no era así pues, no era. Él ha hecho bien, ha hecho bien, ha dejado jubilación, pensión, hogar, todo, y luego él se ha ido”. Las palabras de don Luis son elocuentes sobre la persistencia de conexiones y memorias largas (Rivera Cusicanqui, 1984; Da Silva Catela, 2007) que asocian el comunismo con el “mal”, con el mundo simbólico de aquello que no ha ingresado al mundo estatal, al mundo de fetiches de ciudadanía ¿Cómo se establecen estas vinculaciones? Los relatos de la mayoría de las familias de la Quebrada de Tumbaya Grande se sumergen a fines del siglo XIX para dar cuenta del momento en que se instalaron como arrendatarios en la finca. Los “abuelos” y “anteabuelos” de gran parte de las personas que durante la primera década del siglo XXI vivían en la Quebrada de Tumbaya Grande, migraron desde la Puna en el marco de los convulsionados procesos políticos y las transformaciones económicas que signaron las décadas de 1870 y 1880 en la región altiplánica. En aquel proceso, se dieron dos procesos convergentes. Por un lado, la construcción de las narrativas de extinción y mestización de los indígenas de la Quebrada de Humahuaca de la que diéramos cuenta en el primer acápite del artículo, así como sus esfuerzos orientados a mostrar a la Quebrada de Humahuaca como un lugar “civilizado, sin indios” (Espósito, 2012; 2013b). Estos discursos se reactualizaron a lo largo de varias décadas, y en su carácter performativo legitimaron sentidos de pertenencia y clasificaciones sociales e históricas, abonando representaciones étnicamente descaracterizadas de los quebradeños, que como dijimos, pasaron de ser indios a ser categorizados como campesinos. Por otro lado, en los relatos de los exarrendatarios de la finca Tumbaya, se ponderan memorias y recuerdos de incorporación ciudadana y política vividas a lo largo de sucesivas generaciones. Las diversas interpelaciones estatales vividas durante su vida como arrenderos, dotaron de valores morales positivos a diversos fetiches ciudadanos como el derecho al voto, la jubilación, planes sociales, viviendas, mejora en condiciones laborales, etc. vinculándolos al “bien”, como plantea don Luis. ¿Qué sentidos adquiere la ausencia de estos elementos de identificación ciudadana? El fin del período de represión, tortura y desapariciones en Tumbaya entrada la década de 1980, coincide con el momento en que se comenzó a consolidar la idea de “recuperar las tierras de la finca”. Apenas quince años después, la Comunidad Aborigen Kolla de finca Tumbaya se instituyó en la propietaria de la finca en forma comunal, en el marco de los procesos que, a lo largo y ancho del país, comenzaron a poner en jaque el mito de la Argentina blanca, civilizada y con propiedad privada individual sobre las tierras. El rastreo a lo largo de la historia agraria regional de la palabra “comunista” como una categoría acusatoria, nos permite sostener que cuando comenzó la idea de expropiar la finca Tumbaya hacia 1980, el miedo a ser víctima de lo que les había pasado a los “guerrilleros” estaba fundado en un temor a ser identificados como tales, que el estigma de ser “comunistas” podía caer nuevamente sobre ellos al demandar por la propiedad de las tierras. Los “abuelos” con los que don Paulo habló hacia 1980 para “cerrar el círculo” y “saber qué hacer”, no querían muerte, no querían guerra, no querían ser como los guerrilleros. Ellos habían vivido “una vida tranquila” y no querían ser acusados de guerrilleros por cuestionar las relaciones de propiedad de la finca Tumbaya. Para los depositarios del saber, el ser guerrillero o comunista aparecían como categorías peligrosas, que se debían evitar. Para los viejos “arrenderos”, la idea de “pelear” por la propiedad de la finca Tumbaya implicaba el riesgo de ser tildados de comunistas. Y, consecuentemente, involucraba el temor de ser rotulados como indígenas o indios, que eran los términos sobre los cuales se había aplicado históricamente la acusación de comunista. Si los ancianos luchaban por la expropiación de las tierras de la finca Tumbaya, corrían el riesgo de ser tildados de comunistas, pero antes que eso, corrían el riesgo de ser categorizados como indios. En un país cuyas coordenadas de nacionalidad se orientaron a un norte blanco y civilizado (Quijada, 2000; Briones, 2002; Escolar, 2007; Segato, 2007; Chamosa, 2008), la trayectoria grupal de intensa, sistemática e incorporada desmarcación étnica y estigmatización comunista ante reclamos por tierras, generó condiciones que dificultaron el proceso de ‘volver a ser indios’ en las tierras altas de Jujuy.

Reflexiones finales

27A lo largo de este artículo abordamos los modos en que el término “comunista” se utilizó como una categoría acusatoria aplicada a los arrendatarios de hacienda de las tierras altas de Jujuy, en diversas situaciones en donde estos cuestionaron las relaciones de propiedad de la tierra. Como en otros contextos provinciales, la histórica dependencia y subordinación de las fuerzas represivas del Estado a los intereses de las elites económicas y políticas locales, fue tributaria de un orden social donde la propiedad privada se erigió como uno de los elementos centrales a proteger y resguardar. En el caso de Jujuy, este orden social en torno a la propiedad privada tuvo como su principal amenaza a los antiguos comuneros indígenas, cuyas reivindicaciones sobre prácticas y formas de posesión comunitarias, acompañadas de constantes denuncias por las situaciones de explotación que vivían al interior de las haciendas, lo pusieron continuamente en jaque. La tensión entre el proceso de desarticulación de las tierras comunales indígenas a lo largo del siglo XIX y la progresiva consolidación de régimen de propiedad privada, generó continuos conflictos entre los antiguos comuneros y las clases terratenientes y el Estado. En los interrogatorios realizados a comienzos de 1877 por autoridades provinciales a arrenderos de la Puna luego de los sucesos de Quera, las tramas que involucraban supuestos complots tenían por objeto “no pagar el arriendo y realizar el objeto comunidad” (Paz, 2010, p. 9). Durante la gobernación de Eugenio Tello (1883-1885), ante los continuos levantamientos y sublevaciones de los arrenderos, se explicitó como programa de gobierno que la solución pasaba por convertirlos en propietarios, generando políticas que desde el Estado favorecieron la compra-venta de terrenos por parte de aquellos. Estos dispositivos, engranajes legales de las “narrativas de extinción” de los indígenas de las tierras altas de Jujuy (Cfr. Escolar, 2007; Espósito, 2013b), intentaban erradicar de raíz la memoria y las ansias de retornar a un antiguo orden de posesión de la tierra en común entre los indígenas, terminando con lo que Tello llamaba “las veleidades comunistas” (Fleitas y Teruel, 2011, p. 107). Hasta donde tenemos registros, a partir de la década de 1970 comenzó a aplicarse la categoría comunista no sólo a los arrendatarios que pusieron en entredicho la legalidad de los títulos y la legitimidad de los propietarios de latifundios en las tierras altas, sino a todo aquel que acompañase con sus proyectos políticos aquellas demandas y reivindicaciones. Así por ejemplo, el periódico jujeño “El Día” denunciaba explícitamente a Miguel Tanco de “comunista”, por su apoyo explícito y su proyecto de ley de expropiación de latifundios de Quebrada y Puna (Abán, 1974).

  • 20 En el censo colonial del año 1779, más del 90% de la población de las regiones de Quebrada y Puna e (...)

28El historiador David Rock (1993) muestra cómo el comunismo fue usado en distintos contextos como un clivaje entre lo nacional y lo extranjero, lo deseable y lo indeseable o directamente como principal referente de “enemigo”, ya sea en la figura de los inmigrantes, los antiperonistas o los guerrilleros de la década de 1970 (Da Silva, 2006, p. 12). En el caso que analizamos en este artículo, el comunismo, específicamente la categoría de “comunista”, fue utilizada para señalar a quienes se erigían como los potenciales enemigos del régimen de la propiedad privada, apuntalado en cada nueva ley que promulgaba el Gobierno jujeño conforme transcurría el siglo XIX. Las similitudes semánticas entre “comunero” y “comunista”, dos categorías que hacen referencia a formas comunitarias de tenencia de tierras o resistencia a la propiedad privada, permitieron un deslizamiento de una y otra, ocluyendo la primera y colocando en su lugar la segunda. Al igual que con la categoría indio y su sustitución por el de ciudadano20, sobre la noción de “comunero” también se advierte un progresivo desuso en las tierras altas de Jujuy, apareciendo el término “comunista” adjudicado a quienes, reivindicando “los asuntos de comunidad”, hacían peligrar el orden social liberal al cuestionar la legitimidad de la propiedad de los latifundios. Las narrativas y prácticas de “extinción” hacen desaparecer al indio comunero, dándole lugar al ciudadano propietario o arrendatario, y erigiendo al comunismo como la amenaza al orden establecido, conforme se consolidaba la Argentina blanca y liberal.

29En 1976, el Estado argentino secuestró a veinte hombres en la localidad de Tumbaya, seis de los cuales aún se encuentran desaparecidos. El argumento de las detenciones era que en el lugar se había “arriado la bandera comunista”, por lo que Tumbaya recibió el mote de “la Tucumán chiquita”. Escribir sobre estos sucesos nos concede la posibilidad de contribuir a la visibilización de los indígenas y campesinos como categorías legítimas de desaparecidos durante la dictadura de 1973-1983 en Argentina, y también nos permite anclar estas acusaciones sobre los “guerrilleros comunistas” tumbayeños en la larga historia regional, vinculándolas con las históricas imputaciones aplicadas a quienes cuestionaban el orden agrario imperante, inscripto como vimos en la larga y conflictiva “historia del despojo” (Bernal, 1984; Madrazo, 1986).

30Veinte años después de las desapariciones, el latifundio de Tumbaya fue expropiado por el Estado Nacional y entregado en forma de posesión comunitaria a los arrenderos cuyos “abuelos” y “antiabuelos” se habían establecido en el lugar en las últimas décadas del 1800. Quienes se articularon como arrendatarios en la finca Tumbaya lo hicieron migrando desde la Puna, en el contexto de las agitadas décadas del fin de siglo, cuando comenzó a aplicarse el término “comunista” a quienes cuestionaban las relaciones de propiedad de la tierra en la región. Las generaciones más viejas, los “abuelos” nacidos entre 1910 y 1920 estaban en contra de la expropiación, por miedo a que les pasara lo mismo que a los comunistas. Ellos habían “vivido una vida tranquila” y no querían muerte ni desorden cuestionando las relaciones de propiedad de la finca Tumbaya. Establecer una política de los recuerdos, los olvidos y la memoria se dificulta en términos de indicar las particularidades de relaciones que a lo largo de varias generaciones se entramaron en delicadas negociaciones comunicativas entre la sociedad local y fuerzas estatales más amplias (Abercrombie, 2006, p. 8). En este camino, rastrear, analizar y comprender el comunismo y la categoría comunista como una acusación y un miedo, nos permitió observar la complejidad de las operatorias sociales de clasificación y categorización dominantes, así como sus complejas y heterogéneas incorporaciones y usos sociales en la larga historia regional de las tierras altas de Jujuy.

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Bibliografía

Fuentes

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Notas

2 La finca o hacienda Tumbaya era entonces una unidad productiva orientada a la renta, en la que los arrendatarios pagaban un canon anual por derecho a tierras de pastaje y parcelas de cultivo. Además, hasta fines de la década de 1940 los “arrenderos” debían cumplir una “obligación de servicio personal”, que consistía en disponerse como mano de obra al propietario durante 30 días al año.

3 Diversos documentos históricos registran conflictos por tierras desde por lo menos fines del siglo XVI (Sánchez y Sica, 1991; Sánchez, 1996).

4 Las fincas son unidades de producción de grandes extensiones con tierras de pasturas, en las que se invierte en una producción diversificada, articulada en complejas relaciones sociales. Para la región de las tierras altas de Jujuy ver los trabajos de Gil Montero (2008); Madrazo (1982 y 1986); Mata de López (2005) y Paz (2010).

5 La enfiteusis era la cesión de un bien raíz a perpetuidad o por un largo tiempo, establecida generalmente por medio de un contrato, a cambio de un canon. En 1838 se definía el censo enfitéutico como “[...] un contrato por el cual se conviene uno en dar a otro, perpetuamente o para largo tiempo, el dominio útil de alguna alhaja raíz, por cierta pensión anual, que debe pagar en reconocimiento del dominio directo, que queda siempre en el que concede el enfiteusis” (Teruel y Fandos, 2009, p. 7).

6 En todo caso, estas narrativas convivían con la presencia indígena que sobrevivía en los cuerpos de los quebradeños, así como en un conjunto de prácticas culturales que se seguían realizando en los espacios privados, más allá de la desarticulación socioeconómica (Isla, 1992) y de las consecuentes sentencias finales prescriptas por aquellas disciplinas (cfr. De la Cadena, 2007; Espósito, 2013b).

7 Ver especialmente las obras de Ambrosetti (1902) y (1912); Boman (1908); Debenedetti (1910) y (1912) y Casanova (1939).

8 Joaquín Carrillo (1853-1933) fue un jurista y político jujeño de gran influencia local, cuyos escritos se orientaron a fijar y reforzar coordenadas sociales y culturales de pertenencia provincial, en pleno proceso de consolidación nacional y de incorporación de Jujuy a la Nación en las tres últimas décadas del siglo XIX.

9 Los levantamientos puneños de la década de 1870 fueron analizados por muchos historiadores, y las contribuciones más detalladas del contexto político y social y los argumentos y episodios involucrados pueden encontrarse en Paz (1989); Rutledge (1987), Fidalgo (1996) y Madrazo (1986).

10 Hacia la década de 1970, los episodios de las batallas eran recordadas en la zona como “la hecatombe de Quera” (Rutledge, 1987, p. 128).

11 La Opinión, Jujuy, jueves 22 de marzo de 1923, Año V, Nº 991. Publicado en Fleitas s/d.

12 Frente a los levantamientos, el gobernador Mateo Córdova pidió refuerzos a las fuerzas nacionales “para garantir el mantenimiento del orden de algunos departamentos de la Puna” (citado en Fleitas s/d).

13 Los ingenios azucareros del oriente provincial tuvieron una gravitación central en las estructuras estatales de la provincia desde al menos la década de 1920, generándose una crónica situación de dependencia de los poderes públicos con respecto a los aportes financieros del sector (Kindgard, 2003, p. 2). El ingenio Ledesma era el complejo agroindustrial más importante de la provincia y uno de los principales del país, y empleaba a miles de indígenas de distintas regiones del norte argentino. Para un análisis de las estratificaciones étnicas del trabajo en los ingenios en Jujuy ver Karasik (2005). Una excelente etnografía sobre las memorias y construcción de lugares en grupos indígenas tobas empleados en ingenios es el trabajo de Gordillo (2011).

14 La mano de obra utilizada en la mina de dolomita eran los arrenderos de la finca Tumbaya. Previamente a la regulación laboral de los mineros, efectuada a partir de la promulgación de la Ley del Peón Rural en el año 1944, el trabajo en la mina formaba parte del pago del arriendo.

15 Es muy difícil precisar cuántos eran los hombres realmente afiliados al partido. Si bien se recurrió al Partido Comunista a fin de saber cuántos afiliados tenían en la región, fue imposible obtener una respuesta o acceder a cualquier tipo de fuente fidedigna. A partir de las entrevistas realizadas a cinco de los hombres que fueron secuestrados y sobrevivieron, ellos expresaron que “eran muchos” los afiliados.

16 La provincia de Tucumán era el centro de operaciones del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de extracción ideológica comunista.

17 En ocasión de la conmemoración de los 30 años del golpe de Estado del año 1976, organizaciones de derechos humanos de Jujuy hicieron un acto en la plaza de Tumbaya, en memoria de los seis desaparecidos del pueblo. Ese día, a pedido de los miembros de las organizaciones, un sobrino de dos hermanos desaparecidos de Tumbaya, extrajo con una barra de metal esta placa, poniendo en su lugar una plancha de cemento sobre la que con letras de plástico se puede leer: “A los 6 desaparecidos y sobrevivientes de Tumbaya. Memoria, Verdad, Justicia. 24 de marzo de 2006. BXMJ”.

18 La expresión evoca los recuerdos de cansancio de los “arrenderos”, quienes me contaban que caminaban largos tramos por el cerro, visitando casas para convocar a sus vecinos a las reuniones.

19 Sobre las personas de mayor edad se depositan los valores que son considerados tradicionales en la comunidad. Harris y Bouysse-Cassagne (1998) introducen la categoría de “guardianes de la memoria” para referirse a las personas que, en las sociedades aymaras, se encargan de mantener las estructuras colectivas en términos del cómputo del tiempo, historia, mitología, de un conjunto de saberes y saber-haceres.

20 En el censo colonial del año 1779, más del 90% de la población de las regiones de Quebrada y Puna en Jujuy pertenecía a la categoría “indio”. Sin embargo, en la transición de los años de formación y consolidación del Estado nación, los “indios” desaparecen de los datos censales. Luego de los censos provinciales de los años 1839, 1843, 1851, 1855, 1859 y 1864, en el primer censo de la República Argentina en el año 1869 la población de Jujuy quedó englobada en una única condición de ciudadanos clasificados por sexo y edad, residencia rural o urbana, y nacionalidad, desapareciendo la categoría “indio” en los usos oficiales.

1 Categoría nativa para referirse a los arrendatarios de fincas en la región.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Guillermina Espósito y Ludmila Da Silva Catela, « “Indios”, “comunistas” y “guerrilleros”: miedos y memorias de la lucha por tierras en las tierras altas de Jujuy, Argentina », Corpus [En línea], Vol 3, No 1 | 2013, Publicado el 15 junio 2013, consultado el 23 abril 2017. URL : http://corpusarchivos.revues.org/224 ; DOI : 10.4000/corpusarchivos.224

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Autores

Guillermina Espósito

Instituto de Antropología de Córdoba/ CONICET- Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Correo electrónico: guillerminaesposito@gmail.com.

Ludmila Da Silva Catela

Instituto de Antropología de Córdoba/ CONICET- Archivo Provincial de la Memoria, Córdoba, Argentina. Correo electrónico: ludmilacatela@yahoo.es

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Derechos de autor

Licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5 AR)

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